La entidad hidrográfica pondrá así fin a un proceso de mejora de la calidad de las aguas en la villa chacinera, que tiene unas instalaciones ampliadas por la Junta para una población de 50.000 habitantes a pesar de que la localidad tiene un censo de 6.000 personas. Esta actuación, comprometida por la entidad, pretende cerrar de forma definitiva los riesgos de vertidos desde la depuradora al pantano de Santa Teresa, ubicado a muy corta distancia y que ya sufrió hace seis años varios vertidos industriales de grasa por el colapso de dicha instalación. Ese hecho fue sancionado por el Gobierno del PSOE con una multa de 300.000 euros aprobada por el Consejo de Ministros en 2008 y que, posteriormente, fue anulada por el Tribunal Supremo por notificarse la sanción fuera de plazo.
Noticia en La Gaceta de Salamanca
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