ENTRESIERRASrd | La
agrupación ecologista propone que se le mejores y amplíen las potestades a los
Agentes Medioambientales
La citada asociación critica que el modelo de
gestión unitaria de los montes de utilidad pública a nivel provincial o
comarcal, que supone un atractivo turístico interesante frente al modelo de
regulación en otras comunidades autónoma, se deja en manos de una entidad
privada (Myas, Myas+, Micocyl, Cesefor, etc.) que hasta ahora no ha aportado
nada al monte y a sus propietarios, ni siquiera una cantidad simbólica de los
65 millones de euros que directa e indirectamente ha generado la recolección de
setas en Castilla y León, según recoge el proyecto de Decreto.
Este modelo de entidad privada sin ánimo de
lucro, opaco y de dudosa credibilidad en el mundo rural ha sido un sumidero del
dinero público procedente de la expedición de las licencias y de subvenciones
públicas; además se ha beneficiado de los esfuerzos públicos destinados a la
vigilancia y control de los recolectores.
Frente a este modelo que el proyecto de Decreto
pretende consolidar, Ecologistas en Acción ha alegado y propuesto que se
fomente y regule la creación de entidades públicas, sujetas a derecho
administrativo, y por lo tanto plenamente transparentes, en las que participen
los propietarios de los Montes Públicos y la Junta de Castilla y León. De esta
forma la gestión de los aprovechamientos sería rentable y los ingresos
obtenidos irían plenamente a los Ayuntamientos y también al monte que produce
los hongos, evitando los costes de gestores intermediarios y la contratación de
servicios de vigilancia privada cuya ineficacia e insostenible coste es más que
sabido. Por ello, Ecologistas en Acción ha propuesto que a los Agentes
medioambientales se le mejoren y amplíen las potestades, con objeto de que los
preceptos y condiciones de aprovechamiento que regula este Decreto sean
controlados de forma eficaz en los montes públicos.
La segunda cuestión fuertemente criticada en las
alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción ha sido la contradicción e
hipocresía que expresa la administración a la hora de regular la compatibilidad
de los aprovechamientos. Por un lado establece en su artículo 10.1 que “La
recolección de setas deberá realizarse de manera compatible y coordinada con
otros aprovechamientos y usos” en los Montes Públicos y Vías pecuarias, pero a
su vez se afirma en artículo 10.2 que “Con carácter general, no se permite la
recolección de setas …. en las zonas y horas señaladas para la realización de
cacerías colectivas.”
Es decir que de facto supedita la recolección a
la decisión de los cazadores, que tal y como sucede ahora deciden cuándo, dónde
y cómo celebran una cacería en un Monte de Utilidad Pública. Regulación tal
laxa que da lugar a que haya abusos con el beneplácito de la administración,
incluso cuando la propia Junta de Castilla y León es la que organiza y dirige
la cacería en las Reservas Regionales de Caza a través de sus empleados
públicos. Incluso tal prohibición se puede extender a los días previos a la
celebración de la caería, en razón a una supuesta incompatibilidad de la recolección
de setas por molestias a la fauna cinegética. Con esta regulación se da un paso
más en imponer la supremacía de la caza sobre el resto de usos en el medio
rural, tal y como sucede en la actualidad con la autorización de caza en
caminos y el escaso control que realiza la administración sobre ello.
Este decreto deja en el aire todavía muchos
elementos importantes para evitar la actividad comercial ilegal (en alguna
ocasión dirigida por personas del propio entorno rural) que hasta ahora ha
aprovechado y atraído a recolectores masivos y organizados. El proyecto intenta
poner pequeños parches, como definir las cantidades máximas que se pueden
transportar, o la exigencia de una trazabilidad sanitaria y fiscal que requiere
todavía de desarrollo normativo para evitar que supuestas recolecciones
recreativas enmascaren una actividad comercial. Curiosamente estos principios y
controles se podían haber puesto en marcha y solucionado desde hace mucho con
la normativa en vigor; pero, un ejemplo más, la administración prefirió el
dejar en manos de una marca de garantía (Setas de Castilla y León) cuyo inútil
control era realizado por una entidad privada (nuevamente el CESEFOR), en
detrimento de los funcionarios y sistemas administrativos que tenían la
obligación de realizarlos.
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