ENTRESIERRASrd | La promotora quiere acometer un
almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en el yacimiento, advierte el
supervisor
El CSN (Consejo de
Seguridad Nuclear) ha decidido paralizar la tramitación de los permisos de
construcción de la planta del proyecto de mina de uranio que la empresa Berkeley
quiere acometer en Retortillo.
Tal como informa el diario El País, así se lo comunicó el pasado julio a la compañía el CSN, según
fuentes del supervisor, cuando le solicitó información adicional. Se decidió
paralizar el proceso de análisis de la "documentación de apoyo" de la
solicitud de construcción de la planta industrial asociada al proyecto. Además,
el supervisor tiene también importantes dudas sobre la futura gestión de los
residuos.
El problema de los
desechos radiactivos, que en su última propuesta Berkeley pretendía almacenar
en el "hueco minero", es el gran quebradero de cabeza para sus
responsables. Y las dudas del CSN sobre la solución propuesta son serias. Así
se lo transmitió el organismo supervisor al Ministerio para la Transición
Ecológica el 25 de julio pasado en un informe de 11 páginas.
Explica el CSN en ese
documento, que ha colgado en su página web, que la compañía "prevé
rellenar el hueco minero dejado" por la "mina de uranio con estériles
de la propia mina y estériles resultantes del proceso de concentrado de mineral
de uranio, procedentes de una instalación radiactiva del ciclo del combustible
nuclear ubicada en otro emplazamiento". Esto supondría, según el CSN,
convertir "el referido hueco minero en un almacenamiento definitivo de
residuos radiactivos".
Costes sin cubrir
En las conclusiones del
documento enviado al ministerio, el CSN detalla que las modificaciones que
quiere incluir la empresa para poder acometer esta solución supondrán
"crear un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos con
obligaciones de vigilancia perpetuas a nueve kilómetros de otro en proceso de
licenciamiento". Esto implicaría "una carga adicional para las
generaciones futuras que debe ser tenida en cuenta conforme a lo establecido en
la legislación vigente". Con esta frase casi se cierra la puerta al
proyecto. La legislación europea y española vigentes establecen claramente que
la gestión de los residuos radiactivos (cuya peligrosidad dura miles de años)
no puede suponer una carga para "generaciones futuras", es decir, que
los que producen esos desechos deben asumir su gestión.
Además, el CSN recuerda
que "el coste de la vigilancia de las instalaciones de almacenamiento
final tras su cierre debería incluirse en los detrimentos asociados" a la
solución propuesta por Berkeley. Básicamente, la compañía "atribuye"
este coste "a las instituciones, y no se prevé hacer ninguna aportación al
fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos".
Este proyecto ha estado
envuelto en polémica en los últimos años. La mayoría de su tramitación
ambiental ha estado en manos del Gobierno de Castilla y León, del PP. Pero el
actual Ejecutivo central de Pedro Sánchez tenía ya en el rádar su tramitación.
Teresa Ribera, ministra
para la Transición Ecológica, fue interpelada el pasado 6 de septiembre en el
Congreso por Juan López de Uralde, de Equo, sobre la mina de uranio prevista en
Retortillo. La ministra recordó que toda la evaluación ambiental había sido
desarrollada por Castilla y León. Pero Ribera abrió la puerta a que el Estado
asuma esa evaluación al tratarse de un asunto que puede afectar a la seguridad
nuclear y tras los reparos mostrados por Portugal al proyecto. En ese momento,
el departamento de Transición Ecológica ya había recibido la documentación del
CSN sobre los serios reparos a la futura gestión de los residuos en el proyecto
propuesto por Berkeley.
Paralización
La empresa ha rechazado
que el proyecto de la mina haya sido paralizado por el CSN. Sí ha reconocido
que el supervisor les envió en julio un escrito en el que pedía más
documentación y, mientras tanto, se "paralizaba" el "expediente
de tramitación". Berkeley, a través de un comunicado, ha asegurado que esa
documentación complementaria "ya ha sido facilitada por la compañía al
CSN".
Berkeley argumenta
también que el CSN "en ningún caso tiene potestad para paralizar el
proyecto". "Solo el Ministerio para la Transición Ecológica tiene
potestad para paralizar un proyecto de estas características", añade. Sin
embargo, como ocurre en este tipo de proyectos, el informe del supervisor sobre
los permisos es preceptivo y debe estar rematado para que el ministerio conceda
la licencia final.
No hay comentarios:
Publicar un comentario