“La ley Montoro quiere beneficiar al sistema caciquil de toda la vida”

Ángel de Prado, gerente de ASAM. Noticia : SALAMANCArtv AL DÍA

Preocupación. El gerente de ASAM, la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña, Ángel de Prado, espera que la Ley de Bases de Régimen Local, recurrida por diferentes partidos, asociaciones y organizaciones, no siga adelante. De lo contrario, explica “los ayuntamientos pequeños no servirán para nada”. De Prado indica que esta ley no suprime ayuntamientos, “pero sí competencias”, con lo que la gestión de los servicios “recaerá en las grandes empresas, el mismo tema caciquil de toda la vida”, lamenta. El responsable de ASAM insiste en que el actual modelo territorial con comunidades autónomas y diputaciones “no tiene sentido”.

De Prado señala que en esta Ley hay un tema “fundamental” relativo a la

apropiación de terrenos comunales, de los que todavía quedan más de cuatro millones de hectáreas en el ámbito nacional y más de 2,5 en Castilla y León, principalmente en León, Burgos y Palencia. “Se podrán vender y con ello, tapar déficits de grandes ayuntamientos, como el caso de la capital burgalesa”.

Es uno de los puntos que más controversia y rechazo genera de la Ley, la supresión de la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales -juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías- pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos. De este modo, quedarían agrupados en los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.

En la actualidad, los recursos naturales son propiedad de sus vecinos que los gestionan y deciden cómo administrarlos. Actualmente, en España hay 3.720 juntas vecinales que desaparecerán si la Ley actual se aplica tal como está. Castilla y León, con 2.257 juntas vecinales, es la Comunidad autónoma más afectada por la supresión de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un patrimonio de cientos de hectáreas de gran riqueza ambiental y económica. De Prado afirma que buena parte de estos terrenos son montes de utilidad pública, cuya propiedad es de los vecinos, que tienen sus derechos. “El temor que tenemos es que al quitar las competencias a los ayuntamientos, se queden en manos de diputaciones y comunidades” con lo que “se encubre que se esquilma el territorio y la privatización de los servicios”.

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La gran preocupación de asociaciones como ASAM es que estos terrenos en zonas rurales podría venderse, por su interés, a grandes grupos empresariales o fondos ‘buitre’ que los destinaría en un futuro a medio y largo plazo a tierra de cultivo, biomasa, energía eólica, a suministro de agua –buena parte de los terrenos están próximos a cabeceras donde hay agua-, áridos, minería o ‘fracking’. Es decir, “se vendería recursos vitales”.

Para Ángel de Prado, ésta sería la última desamortización que quedaría por hacer, “con la destrucción ambiental y el afán depredatorio”. Con la ley recurrida, señala que la reforma local tendría que ser una oportunidad para que la gente joven de las ciudades, sin trabajo, utilizara las zonas comunales y viviera de ellas. Sin embargo, reconoce que ni la crisis ha conseguido incentivar a los jóvenes hacia las zonas rurales. “Todavía es inapreciable la llegada a los pueblos, todavía están en otra dinámica”. Apunta que sería una buena oportunidad para ofrecer otra forma de vida en el medio rural, un nuevo modelo con futuro, casi el único, teniendo en cuenta la crisis mundial, no solo económica, también energética y de recursos. “Se puede generar trabajo en común en los pequeños pueblos, producir de forma natural y más sana, consumir utilizando menos energía y recursos”.