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Ángel de Prado, gerente de ASAM. Noticia : SALAMANCArtv AL DÍA |
Preocupación. El
gerente de ASAM, la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña, Ángel
de Prado, espera que la Ley de Bases de Régimen Local, recurrida
por diferentes partidos, asociaciones y organizaciones, no siga adelante. De lo
contrario, explica “los ayuntamientos pequeños no servirán
para nada”. De Prado indica que esta ley no suprime ayuntamientos, “pero sí
competencias”, con lo que la gestión de los servicios “recaerá en las
grandes empresas, el mismo tema caciquil de toda la vida”, lamenta. El
responsable de ASAM insiste en que el actual modelo territorial con comunidades
autónomas y diputaciones “no tiene sentido”.
De Prado señala que en
esta Ley hay un tema “fundamental” relativo a la
apropiación de terrenos
comunales, de los que todavía quedan más de cuatro millones de hectáreas en el
ámbito nacional y más de 2,5 en Castilla y León, principalmente en León, Burgos
y Palencia. “Se podrán vender y con ello, tapar déficits de grandes
ayuntamientos, como el caso de la capital burgalesa”.
Es uno de los puntos
que más controversia y rechazo genera de la Ley, la supresión de la
personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales -juntas vecinales,
concejos, barrios, parroquias o pedanías- pueblos que cuentan con recursos
propios y potestad para administrarlos. De este modo, quedarían agrupados en
los ayuntamientos de los que dependen y la gestión de sus bienes pasaría a ser
administrada por esos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.
En la actualidad, los
recursos naturales son propiedad de sus vecinos que los gestionan y deciden
cómo administrarlos. Actualmente, en España hay 3.720 juntas vecinales que
desaparecerán si la Ley actual se aplica tal como está. Castilla y León, con
2.257 juntas vecinales, es la Comunidad autónoma más afectada por la supresión
de estos pequeños pueblos, que perderán su autonomía y la gestión de un
patrimonio de cientos de hectáreas de gran riqueza ambiental y económica. De
Prado afirma que buena parte de estos terrenos son montes de utilidad pública,
cuya propiedad es de los vecinos, que tienen sus derechos. “El temor que
tenemos es que al quitar las competencias a los ayuntamientos, se queden en
manos de diputaciones y comunidades” con lo que “se encubre que se esquilma el
territorio y la privatización de los servicios”.
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Para Ángel de Prado, ésta sería la
última desamortización que quedaría por hacer, “con la destrucción ambiental y
el afán depredatorio”. Con la ley recurrida, señala que la reforma local
tendría que ser una oportunidad para que la gente joven de las ciudades, sin
trabajo, utilizara las zonas comunales y viviera de ellas. Sin embargo,
reconoce que ni la crisis ha conseguido incentivar a los jóvenes hacia las
zonas rurales. “Todavía es inapreciable la llegada a los pueblos, todavía están
en otra dinámica”. Apunta que sería una buena oportunidad para ofrecer otra
forma de vida en el medio rural, un nuevo modelo con futuro, casi el único,
teniendo en cuenta la crisis mundial, no solo económica, también energética y
de recursos. “Se puede generar trabajo en común en los pequeños pueblos,
producir de forma natural y más sana, consumir utilizando menos energía y
recursos”.
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