ENTRESIERRASrd | Colmenar
de Montemayor, Frades de la Sierra, Montejo y Navamorales han sido incluidos en
la lista de peticiones del letrado Eduardo Ranz para cumplir con la Ley de
Memoria Histórica
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| Calle del General Mola, en Frades de la Sierra |
El abogado Eduardo Ranz ha cursado peticiones
ante un total de 301 ayuntamientos españoles para que cumplan la Ley de Memoria
Histórica y procedan de forma inmediata a la "retirada de simbología de
exaltación de la guerra civil y la dictadura".
Según ha informado el propio letrado este
miércoles al diario INFOLIBRE,
también ha requerido al Banco de España a que retire "un escudo
preconstitucional" de la primera planta de su sede principal en la
madrileña calle de Alcalá y un "escudo franquista" en la vidriera de
su sede en Alicante.
Ranz recuerda que, además de los 301
ayuntamientos a los que se ha dirigido en esta ocasión, hay un total de
"30 demandas judiciales ya admitidas a trámite" a raíz de las
acciones que inició el pasado 11 de febrero de 2015, cuando denunció a 35
alcaldes por incumplir la ley al negarse a retirar un total de 86 símbolos de
la dictadura franquista.
En un escrito remitido a los medios de
comunicación y en el que adjunta el listado de peticiones cursadas , advierte
de que en el caso de que "los municipios no cumplan con lo
solicitado" se interpondrá una demanda contencioso-administrativa dentro
de tres meses, "que es el plazo que marca la ley".
Una petición que afecta a varios municipios de
Sierras y Entresierras, como Colmenar de Montemayor, Frades de la Sierra,
Montejo y Navamorales.
El abogado subraya que los ayuntamientos tienen
"dos obligaciones" en virtud de la Ley de Memoria Histórica, que en
2017 cumplirá diez años: elaborar un catálogo de vestigios de la dictadura y
proceder a su retirada inmediata.
"Desde un punto de vista democrático y
jurídico hay dos opciones: dar cumplimiento a la misma de forma inmediata o
seguir dilatando, y con ello ser cómplices del golpe de Estado de 1936, contra
la legalidad de la II República", añade Ranz.
El abogado afirma haber cotejado con la
Dirección General del Catastro los nombres de las calles cuya redifinición
solicita, y que actualmente tienen nombres como "José Antonio",
"Generalísimo", "18 de julio" o "Queipo de
Llano".
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