viernes, 14 de octubre de 2016

Un abogado emplaza a cuatro pueblos de la región a que retiren simbología franquista

ENTRESIERRASrd | Colmenar de Montemayor, Frades de la Sierra, Montejo y Navamorales han sido incluidos en la lista de peticiones del letrado Eduardo Ranz para cumplir con la Ley de Memoria Histórica
Calle del General Mola, en Frades de la Sierra
El abogado Eduardo Ranz ha cursado peticiones ante un total de 301 ayuntamientos españoles para que cumplan la Ley de Memoria Histórica y procedan de forma inmediata a la "retirada de simbología de exaltación de la guerra civil y la dictadura".

Según ha informado el propio letrado este miércoles al diario INFOLIBRE, también ha requerido al Banco de España a que retire "un escudo preconstitucional" de la primera planta de su sede principal en la madrileña calle de Alcalá y un "escudo franquista" en la vidriera de su sede en Alicante.
Ranz recuerda que, además de los 301 ayuntamientos a los que se ha dirigido en esta ocasión, hay un total de "30 demandas judiciales ya admitidas a trámite" a raíz de las acciones que inició el pasado 11 de febrero de 2015, cuando denunció a 35 alcaldes por incumplir la ley al negarse a retirar un total de 86 símbolos de la dictadura franquista.
En un escrito remitido a los medios de comunicación y en el que adjunta el listado de peticiones cursadas , advierte de que en el caso de que "los municipios no cumplan con lo solicitado" se interpondrá una demanda contencioso-administrativa dentro de tres meses, "que es el plazo que marca la ley".
Una petición que afecta a varios municipios de Sierras y Entresierras, como Colmenar de Montemayor, Frades de la Sierra, Montejo y Navamorales.
El abogado subraya que los ayuntamientos tienen "dos obligaciones" en virtud de la Ley de Memoria Histórica, que en 2017 cumplirá diez años: elaborar un catálogo de vestigios de la dictadura y proceder a su retirada inmediata.
"Desde un punto de vista democrático y jurídico hay dos opciones: dar cumplimiento a la misma de forma inmediata o seguir dilatando, y con ello ser cómplices del golpe de Estado de 1936, contra la legalidad de la II República", añade Ranz.
El abogado afirma haber cotejado con la Dirección General del Catastro los nombres de las calles cuya redifinición solicita, y que actualmente tienen nombres como "José Antonio", "Generalísimo", "18 de julio" o "Queipo de Llano".
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