La Denominación de Origen 'Guijuelo', así como los sindicatos regionales
de UPA y COAG han expresado su desconfianza ante el proyecto de modificación de
la norma de calidad del ibérico, que ha sido enviado desde el Ministerio de
Agricultura a las partes afectadas.
Los representantes de esas tres organizaciones han
expuesto su postura contraria ante esa norma, han sostenido que para ese
resultado no hubiera hecho falta que se enredara tanto, y han advertido, en el
caso de las opas, que de prosperar el texto, la rentabilidad de las
explotaciones de Castilla y León caerá a la mitad.
En esta línea crítica, el secretario regional de
UPA, Julio López, ha añadido que el ministro de Agricultura, Miguel Arias
Cañete, "sigue enredando y sigue metido en un jardín en el que entró él
solo y en el que enfrentó a tres comunidades autónomas".
El proyecto de modificación de la norma de calidad
del ibérico pretende, según el comunicado del propio Ministerio, garantizar la
defensa del consumidor y la conservación de la raza ibérica y la dehesa y
mantener los diferentes modelos productivos existentes.
Pero las primeras respuestas de estos afectados,
como son la Denominación de Origen de Guijuelo, y las organizaciones agrarias
UPA y COAG en Castilla y León, han sido negativas porque "la actual norma
servía y no hubiera sido necesario modificarla".
El secretario técnico de la Denominación de Origen
Guijuelo, Jesús Gándara, ha afirmado, tras un análisis superficial del borrador
recibido, que "no era necesario este periodo de intranquilidad que se ha
generado".
En su opinión, sólo hubiera sido necesario que
"se aplicara la legislación actual, ya que cubría las expectativas de
todos los afectados".
Sus mayores críticas se han centrado en los
controles que marca la nueva norma, "que deberían haber sido más creíbles
y más efectivos hasta ahora", y en la fecha marcada como el inicio de este
proyecto, 2014, pues "la legislación con carácter retroactivo es muy
peligrosa".
Aurelio Pérez, coordinador regional de COAG y
presidente de la Cámara Agraria de Salamanca, ha pedido a la Junta de Castilla
y León que presente alegaciones ante este borrador, pues en su opinión
"hay partes que perjudican claramente a esta región".
Ha asegurado, además, que no le gusta que "se
especifique el factor racial", pues en su opinión "va a generar
confusión entre los consumidores".
En el proyecto de norma se reducen las
denominaciones de venta a tres, en función de la alimentación y el manejo
(bellota, cebo de campo y cebo), acompañados por la mención "100 por cien
ibérico" o "ibérico", según la pureza racial del animal.
En el caso de los animales cruzados, se deberá
indicar en la etiqueta, como una mención obligatoria y diferente de la
denominación de venta el porcentaje de raza ibérica.
Los responsables regionales de UPA y COAG, Julio
López y Aurelio Pérez, han coincidido en criticar el periodo de carencia para
que las explotaciones ganaderas se adapten a la norma.
"Es una barbaridad que se exijan dos metros
cuadrados por cerdo", ha asegurado Julio López, mientras que Aurelio Pérez
lo ha calificado de "no admisible".
Los dos han advertido de que si esto sale adelante
se reducirá "un cincuenta por ciento la rentabilidad de las explotaciones
de Castilla y León".
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