ENTRESIERRASrd | Tan solo
cuatro localidades tendrán revisiones a la baja en el impuesto municipal
Los impuestos subirán en una cuarta parte de los
ayuntamientos españoles el próximo año. Junto al incremento fiscal a empresas,
tabaco y alcohol, el Gobierno aprobó el pasado sábado los coeficientes de
actualización de los valores catastrales para 2.452 municipios. NOTICIA : DIARIO ABC
Si bien esta revisión la aprueba el Ejecutivo,
la piden previamente los ayuntamientos correspondientes para aproximar los
datos del catastro a los valores reales de mercado de los inmuebles. Según el
año en que se haya hecho la anterior actualización, la revisión puede tornar en
subida o bajada. En la mayor parte de los casos subirá. El «catastrazo» de 2017
se traducirá en un incremento de los valores en 1.895 localidades de toda
España, lo que derivará en una subida de impuestos como el IBI o la plusvalía
municipal en dichos municipios.
Una medida fiscal que afectará a algunos
municipios de Sierras y Entresierras en formas de subidas y bajadas de la tasas
Así, entre los Ayuntamientos que disminuirán el
Impuesto de Bienes Inmuebles se encuentra Los Santos, Nava de Béjar y Sequeros.
En cuanto a los municipios que verán
incrementado el impuesto se encuentran Cereceda de la Sierra, Cilleros de la
Bastida, El Tejado, Fresno-Alhándiga, Gallegos de Solmirón, Garcibuey, Guijo de
Ávila, La Bastida, La Cabeza de Béjar, La Hoya, La Tala, Lagunilla, Linares de
Riofrío, Montejo, Navacarros, Navalmoral de Béjar, Pelayos, Peñacaballera,
Puebla de San Medel, San Miguel de Robledo, Valdelacasa, Valdelageve y
Vallejera de Riofrío.
Actualización de valoraciones
Año a año desde 2013, los Presupuestos incluyen
los coeficientes para actualizar las valoraciones catastrales de los
ayuntamientos que lo hayan solicitado. Como 2017 comenzará con el presupuesto
prorrogado y el IBI es un impuesto que se devenga el 1 de enero de cada año, el
Gobierno ha aprobado por decreto ley estas revisiones, para que entren al
comenzar el ejercicio y no cuando se aprueben las nuevas cuentas, que
previsiblemente será en abril.
Los consistorios que quieren revisar los valores
de los inmuebles en su término municipal deben solicitarlo a la Dirección
General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, siempre que hayan
transcurrido cinco años desde la anterior valoración. A los diez años pasa a
ser obligatorio. Pese a ello, como calculó en 2014 el informe elaborado por el
comité de expertos para la reforma fiscal, el periodo de actualización media es
de 21 años.
24 millones de euros
Esta lluvia de valoraciones tendrá un impacto de
24 millones de euros, según calculó el Gobierno en el programa presupuestario
prorrogado remitido a Bruselas en octubre. El pasado viernes, el ministro de
Hacienda Cristóbal Montoro reseñó que la medida se adopta para ayudar a las
arcas de las corporaciones locales. Lo cierto es que desde que comenzó la
crisis, los ayuntamientos no han dejado de subir el IBI de una forma o de otra.
La recaudación del impuesto ha crecido un 76% desde 2007 pese a que el valor de
mercado de los inmuebles se ha desplomado un 30% desde entonces: si antes de la
crisis ingresaba 7.267 millones, sin contar a las diputaciones forales, en 2015
llegó hasta los 12.807 millones.
Debido a ello, el IBI se ha convertido en el
gran caudal de ingresos para los ayuntamientos, que se han convertido en la
única administración con superávit, lo que a su vez ayuda a rebajar el dato de
déficit global de cara a Bruselas, por lo que el Gobierno quiere que las
corporaciones locales no pierdan ingresos.
El IBI es un impuesto contracíclico: pese a que
la actividad se deprima, como grava la propiedad, sus ingresos son estables. En
un país en el que el 80% de las viviendas están en régimen de propiedad, España
recauda más que la media de la UE por este impuesto: un 1,2% del PIB frente al
0,8% de media en la UE de 2015.
Algo parecido ha ocurrido con la plusvalía
municipal, que grava el incremento de valores en la transmisión de un inmueble:
si en 2007 ingresaba 1.416 millones, a golpe de catastrazo su recaudación ha
subido como la espuma y en 2015 aportó 2.439 millones a las arcas locales.
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