"La continua judicialización de la caza tendrá graves consecuencias para el medio rural"

ENTRESIERRASrd | La práctica de la caza en Castilla y León, en serio peligro por una sentencia judicial

Tras la sentencia 604/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, que de hecho impide la caza en esta comunidad, pues anula artículos del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, la Federación de Caza de Castilla y León ha emitido el siguiente comunicado que reproducimos a continuación:

 1.- La caza en Castilla y León es una actividad legal y es, además, una de las prácticas más controladas normativamente para asegurar el aprovechamiento racional de las especies garantizando su conservación.

2.- Como consecuencia de la continua judicialización de las normas cinegéticas que vienen provocando varias asociaciones anticaza con ideología única y excluyente, se está afectando de forma sistemática a la práctica cinegética, sin importar en absoluto las graves consecuencias que pueda tener sobre el conjunto de la población de nuestra comunidad y especialmente la del medio rural.

3.- Con independencia de su repercusión social como actividad lúdico-deportiva, la caza es fundamental para la correcta gestión de la fauna y el medio ambiente y para la economía de Castilla y León; es dinamizadora del medio rural, crea y mantiene empleo, genera riqueza inducida en el sector servicios, no sólo en el cinegético, y es una importante fuente de ingresos también para la Hacienda pública.

Además de lo anterior, no controlar la fauna pone en peligro la vida de las personas en accidentes que ésta puede causar en las carreteras, y afecta de forma muy importante al sector agrario por los daños a los cultivos y la posible transmisión de epizootías a la cabaña ganadera por superpoblación.

Precisamente, en las últimas semanas la Administración autonómica, la Federación de Caza y los sindicatos agrarios y ganaderos habíamos llegado a un acuerdo para regular las poblaciones y reducir en lo posible los crecientes daños provocados por las especies cinegéticas.

4.- Si, como parece, hay un defecto en la regulación y reglamentación de una actividad legal por parte de la Administración regional, es deber de sus responsables asumirlo y, lo más importante, es su obligación arreglarlo con carácter de urgencia.

5.- Para contribuir a esa solución, la Federación de Caza de Castilla y León está participando con sus medios humanos y técnicos con los responsables de la Junta de Castilla y León, pero esta disposición por contribuir a un objetivo común no se puede confundir en absoluto con un respaldo incondicional de una gestión que se ha demostrado fallida en el desarrollo reglamentario de la Ley de Caza de la que la Administración es la única responsable, por acción o por omisión. No hay que olvidar que este problema se extiende desde el año 2002 y tuvo ya un grave incidente en los Tribunales en el 2011, y que la Ley de Caza de 1996 exigía un desarrollo reglamentario en un año y han pasado más de veinte sin hacerlo.

6.- La Federación de Caza de Castilla y León, en representación de los 100.000 cazadores de nuestra tierra, y contribuyendo responsablemente al bienestar y la economía del resto de los ciudadanos de nuestra región, exige de los responsables políticos de la Junta de Castilla y León las medidas técnicas, administrativas o jurídicas que sean precisas para garantizar los derechos de las personas, que no pueden estar condicionados por regulaciones deficientes o insuficientes.

7.- Confiamos en que las distintas instancias judiciales que intervienen o puedan intervenir en la resolución de esta situación, sepan valorar adecuadamente, en aras del interés público, los daños irreparables que sus decisiones pueden tener sobre el equilibrio medioambiental, la economía y la seguridad de las personas y en consecuencia se tomen todas las cautelas necesarias antes de perjudicar gravemente y de forma irreversible a esos intereses.

8.- En este momento nos toca contribuir y cooperar para que la caza se desarrolle con normalidad esta temporada, luego será el momento de reclamar responsabilidades de la forma y con la contundencia que corresponda a ésta y otras situaciones.