ENTRESIERRASrd | Tras la oleada de incendios,
UPL y el Colectivo de Ciudadanos del Reino de León pide más efectivos para
luchar contra el fuego
La virulencia de los incendios que han
arrasado estos días las tres provincias leonesas hacen recordar las preguntas
que el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, registró en abril en las Cortes
autonómicas, fruto del acuerdo de colaboración existente entre Unión del Pueblo
Leonés (UPL) y el Colectivo Ciudadanos del Reino de León (CCRL). En ellas,
solicita a la Junta una mayor dotación de medios anti-incendios en Salamanca,
Zamora y León, a la par que pedía explicaciones por el hecho de que la Región
Leonesa concentre cada año el 90% de las hectáreas quemadas en la autonomía.
Entonces, el devastador incendio que
arrasó 2.000 hectáreas en El Bierzo, volvió a poner sobre el tapete la mala
gestión de la Junta en materia de incendios en la Región Leonesa, hecho que
llevó a UPL y CCRL a exigir en Cortes una mayor y mejor dotación de medios para
la lucha contra los incendios en las tres provincias leonesas. Sin embargo, la
petición fue rechazada por la Junta, que no entró en el fondo del asunto, y se
limitó a señalar que “cuando se declara un incendio forestal se responde con
todos los medios de extinción necesarios […] constituyendo la principal
problemática el elevado grado de intencionalidad como causa de los incendios”.
No obstante, los graves incendios
acaecidos en León, Zamora y Salamanca desde entonces, como el que en julio puso
en peligro el casco urbano de Aldeadávila de la Ribera, o los más recientes que
han arrasado la comarca de La Cabrera, y los términos de Fermoselle, Galende,
El Tejado, Santibáñez de Béjar o Puente del Congosto, no han hecho sino poner
en evidencia que la dotación de más medios en la Región Leonesa exigidos por el
leonesismo en Cortes, y rechazados por la Junta, era y es una necesidad para
León, Salamanca y Zamora.
En este sentido, la insuficiencia de
medios en la zona se ha evidenciado especialmente en el incendio de La Cabrera,
el más grave de toda España en este año, y que ha calcinado casi 10.000
hectáreas, contaminando además las aguas de las que se surten varios
municipios, que han dejado de tener acceso a agua potable debido a los
incendios.
Por otro lado, en abril el procurador en
Cortes de UPL, recordaba a la Junta que, pese a que en la última década en
torno al 90% de las hectáreas quemadas en la autonomía se ha concentrado en
León, Salamanca y Zamora, cuando se trata de puestos y cámaras de vigilancia,
la Junta sólo tiene asignadas a estas provincias el 29%, lo que supone bastante
menos de lo que le correspondería a la Región Leonesa por población o
territorio, pues el País Leonés supone el 40% y 41% de la autonomía en
habitantes y extensión respectivamente.
Todo ello, unido a la torpe política de
la Junta en la materia, que no contrata para todo el año a los brigadistas
forestales (como hacen otras autonomías como Extremadura), impidiendo con ello
que se hagan las labores de mantenimiento y prevención pertinentes en los bosques
(que ayudarían a aminorar la gravedad de los incendios y sus efectos), suponen
que el monte sea pura yesca en caso de incendio, y sea mucho más complicado a
la hora de la verdad parar su avance.
Cabe recordar asimismo, las peores
condiciones laborales ofrecidas por la Junta a los brigadistas en comparación
con las autonomías vecinas, hacen que la temporalidad del puesto (limitada a la
temporada de incendios), sumada al bajo salario que se ofrece a los
brigadistas, acabe suponiendo que muchos de estos profesionales se acaban yendo
por las mejores condiciones laborales a otras autonomías, perdiéndose con ello
profesionales experimentados en la lucha contra el fuego.
Por último, desde el Colectivo
Ciudadanos del Reino de León (CCRL) hemos de mostrar nuestra inquietud acerca
de las repoblaciones forestales que se vayan a acometer en las zonas arrasadas
por el fuego, donde frecuentemente se repuebla con especies no autóctonas del
medio arrasado, como el pino piñonero (más propio de la comarca de Tierra de
Pinares, en Valladolid y Segovia), que supone a medio y largo plazo un mayor
perjuicio para el entorno, pues acidifica el terreno y acaba amenazando la
propia existencia de las plantas autóctonas que se sitúen en sus alrededores.
Por ello, desde el CCRL exigimos también
transparencia en lo que concierne a la contratación para la repoblación
forestal en las zonas quemadas, de forma y manera que no quepa posibilidad de
que existan intereses espurios en este tipo de repoblaciones forestales, y a su
vez en los contratos que se realicen por la administración autonómica para
repoblaciones forestales, se exija como condición sine qua non la repoblación
con especies autóctonas de cada zona.
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