ENTRESIERRASrd | El Consejo de Cuentas
rechaza que la supresión de titulaciones universitarias se vincule
exclusivamente al número de matriculados;
la Universidad de Béjar era una de las señaladas por su bajo alumnado
El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús
Encabo, ha rechazado este viernes el artículo 6 del Decreto 64/2013 de la Junta
de Castilla y León sobre supresión de titulaciones universitarias, que vincula
la decisión a criterios de alumnado, por considerar, entre otras críticas, que
supone una "flagrante contradicción" respecto a los requisitos que se
exigen para las nuevas titulaciones.
Estamos persuadidos absolutamente, ha
manifestado Encabo quien ha expresado el rechazo claro y contundente del
Consejo de Cuentas de Castilla y León al citado artículo del Decreto de la
Junta desde el convencimiento de que la existencia de pocos alumnos en una
titulación no causa suficiente para su supresión.
Encabo ha insistido al respecto en la necesidad
de modificar la norma para incluir otros criterios para la supresión de
titulaciones universitarias, como el coste de estas enseñanzas, la demanda de
estudiantes, el análisis del entorno socioeconómico o el mercado de trabajo,
recomendación que se ha recogido de manera expresa en el "Informe
comparativo sobre las universidades públicas de Castilla y León" que ha
explicado este viernes en las Cortes.
El presidente del Consejo de Cuentas ha
compartido de este modo las opiniones en contra del criterio de supresión por
alumnado que han expresado todos los grupos sin excepción que por primera vez
se han mostrado en contra de algunas de las recomendaciones del órgano
fiscalizador de la Comunidad que, en aplicación a la estricta legalidad de la
norma vigente que pide cambiar, recomienda iniciar el proceso de supresión de
20 titulaciones de grado deficitarias.
Tanto Ciudadanos, como Podemos, PSOE y PP han
coincidido al vincular el futuro de las titulaciones con menos alumnos al
impacto social que supone para la Comunidad Autónoma y han puesto como ejemplo
el "incalculable valor social" que tiene la universidad para zonas
como Ponferrada (León) o Béjar (Salamanca) como elemento de lucha contra la
despoblación.
"Hay que pensar en la rentabilidad social
de la universidad", han compartido los portavoces de los grupos con un
reconocimiento expreso de la popular Isabel Blanco de que se trata de un
problema que se ha tratado de solucionar con distintas medidas que no siempre
han dado los resultados buscados, a lo que ha añadido el acuerdo alcanzado el
pasado verano entre la Junta y las instituciones universitarias como
"primer paso" para un acuerdo sobre titulaciones en Castilla y León.
Este debate ha surgido al conocerse las
recomendaciones del Consejo de Cuentas que, según ha aclarado su presidente, no
ha recibido ninguna alegación de las universidades en todo lo relacionado
precisamente con el mapa de titulaciones vigente, sólo han versado sobre la
situación económica financiera de las universidades.
Evolución demográfica
Por otro lado, el "Informe comparativo
sobre las universidades públicas de Castilla y León", absolutamente nuevo
y con rigurosos criterios de análisis, advierte de los problemas demográficos
que vive la Comunidad y de su repercusión en unas instituciones universitarias
que han perdido un 16 por ciento de las matriculaciones desde 2011.
"Nos debe llamar la atención y
preocupar", ha advertido Jesús Encabo, quien ha recordado que la
"decreciente" proyección de población entre 2016 y 2020 augura otra
caída de matriculaciones del 3 por ciento. Ante esta circunstancia, ha
recomendado medidas para atraer alumnos de fuera de Castilla y León como puede
ser fomentar la especialización de las universidades como reclamo de distinción
y calidad.
Encabo ha presentado este informe como un
análisis para poder conocer la realidad y poder tomar medidas a futuro entre
las que ha citado la necesidad de aprobar un contrato programa de carácter
plurianual similar al suscrito en el periodo 2007-2010 que garantice unos
recursos mínimos de transferencias corrientes y de precios públicos a las
universidades para que puedan mejorar su planificación y gestión
presupuestaria.
En concreto, ha cuestionado la actual ausencia
de contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León que
impide que se pueda saber de forma cierta y fiable lo que cuesta cada
titulación.
Por otro lado, los grupos han cargado contra las
elevadas tasas universitarias en Castilla y León, un asunto en el que, según ha
recordado la portavoz del PP, hay un compromiso firme del presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, para rebajarlas en el momento en el que se pueda,
a lo que ha añadido la necesidad de buscar una nueva financiación bien a través
de contrato programa o de otra fórmula vinculada de alguna manera a los
resultados.
En sus recomendaciones el Consejo de Cuentas
aboga por replantear la oferta de dobles grados desde el convencimiento de que
deberían someterse a los mismos controles de calidad que el resto de las
titulaciones. Además, advierte de una oferta de máster sobredimensionada en las
cuatro universidades públicas y recomienda iniciar la supresión de 79
titulaciones, en cumplimiento del decreto vigente, si bien insiste en su
petición de tener en cuenta otros criterios adicionales al alumnado como la
conexión de las titulaciones con el mercado de trabajo.
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